Declaración de Derechos Civiles de los Estados Unidos de América

Daniel Alarcón: Ésta es una de las copias originales y oficiales de lo que se convertiría en la Declaración de Derechos, las primeras diez enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos. En 1789, el presidente Washington envió una copia a cada uno de los 13 estados para que la aprobaran. 

Si la observa detenidamente, verá que se enumeran 12 enmiendas aquí, no diez. Ello se debe a que las primeras dos fueron rechazadas por aquel entonces. Puede resultar sorprendente que los preciados derechos que se enuncian en la primera enmienda —libertad de culto, libertad de prensa, libertad de reunión y asociación pacíficas y el derecho a solicitar al gobierno la reparación de agravios— originalmente ocuparan el tercer lugar. 

Hoy en día, la Declaración de Derechos es la piedra angular de las libertades civiles estadounidenses. Sin embargo, en 1789, varios líderes políticos dudaban de que una Declaración de Derechos fuera necesaria o incluso una buena idea. Aun James Madison, quien redactó la declaración, se mostró ambivalente al principio. No obstante, pudo ver la utilidad de una declaración de derechos, no solo para calmar a aquellos a quienes les preocupaba que un gobierno nacional tuviera demasiado poder sobre los estados, sino también para brindar protección adicional a las libertades individuales o, en sus palabras, “garantías adicionales a favor de la libertad”. 

Claro que han sido necesarios siglos de lucha y sacrificio —por parte de mucha gente— para que esas “garantías” se reconozcan para todas las personas, independientemente de su raza, sexo o circunstancia. Sin embargo, fue la Declaración de Derechos la que permitió que la Constitución se convirtiera en un documento vivo, adaptable a tiempos cambiantes, y que el concepto de “nosotros, el Pueblo de los Estados Unidos” fuera más inclusivo.